Desde 1900, Chile inició una transición democrática. Los sucesivos gobiernos desde entonces han intentado aminorar el elevado costo social heredado de la dictadura militar. La clave reside más bien en las limitaciones que impone un modelo económico que busca estabilidad macroeconómica, en particular presupuestos fiscales equilibrados, por una parte, y por otra, el fomento de actividades exportadoras que inciden en profundas transformaciones del mercado laboral, asociadas a un empleo cada vez más precario y desprotegido, con efectos directos en el empobrecimiento de una parte creciente de la población.